CAUDALES PUBLICOS Y EMPRESA MIXTA.

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La Sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, de 28 de febrero de 2014, recaída en el recurso 748/2013, es muy clara y tajante:

“Cuando las sociedades de capital exclusivamente público desarrollen funciones asimilables a las públicas, entendidas en un sentido lato sus caudales tendrán carácter necesariamente público.

Así pues, dentro de las empresas públicas, las que tienen participación pública mayoritaria o no, no integran una base apta para hablar de fondos públicos: hay aportaciones privadas y al formarse el capital social con fondos también privados no puede identificarse éste con el concepto de caudales públicos. (SSTS de 13 de marzo o 15 de diciembre de 1992 )

Ahora bien en relación a sociedades con exclusiva participación pública, el capital de la Compañía se identifica con el particular del accionista, es decir la Administración, con la consecuencia de poder considerarse el patrimonio social como caudal público a…

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CRITERIOS JURÍDICOS PARA SOLICITAR LA ELIMINACIÓN DEL IRPH DE TU HIPOTECA

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El Auto 156/14, de 29 de abril de 2014, del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Donostia, entre muchos otros, declaró nulo el IRPH CAJAS sobre la base de los criterios  siguientes:

1.- El artículo 1.256 del Código Civil establece que “la validez y el cumplimiento de los contratos no pueden dejarse al arbitrio de uno de los contratantes”: Las cajas pueden manipular el IRPH.  Y en las escrituras, no se advierte de este riesgo ni se explica el modo en que se calcula. Si al cliente se le advirtiese de ese riesgo, podría decantarse por otro tipo de referencia.

2.- Falta de transparencia: La orden de 5 de mayo de 1994 sobre transparencia de las condiciones financieras de los préstamos hipotecarios, obliga en su artículo 6.2 a que los tipos de referencia “no dependan exclusivamente de la propia entidad de crédito, ni sean susceptibles de…

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¿CUANDO ES NECESARIA LA INTERPOSICION DE QUERELLA Y LA PRESTACION DE FIANZA AL EJERCITAR LA ACCION POPULAR?

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La Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid (Sección 16ª), de 30 de Abril de 2009, sostiene que: «Igualmente, conforme ha señalado el Tribunal Supremo (STS 30 de mayo de 2003), si bien con carácter general la adquisición por la acción popular de la condición de parte procesal queda supeditada al cumplimiento de los requisitos previstos en los arts. 274 y 280 de la Ley de Enjuiciamiento de Criminal, consistentes en la presentación de querella y prestación de fianza, el requisito de la personación con querella sólo es exigible cuando mediante tal acto se iniciaba el procedimiento judicial, mientras que en el caso de que tal personación fuese en una causa ya iniciada, el requisito de la querella no es exigible, bastando en tal caso el cumplimiento de lo prevenido en el art. 110 de la Ley de Enjuiciamiento de Criminal, que limita temporalmente tal personación a su efectividad antes…

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¿PUEDE UNA EMPRESA RECLAMAR POR UNA CLÁUSULA SUELO O CUALQUIER OTRA CLÁUSULA ABUSIVA? DOCTRINA DEL ERROR EN EL CONSENTIMIENTO

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Cuando un empresario se enfrenta a la posibilidad de solicitar la anulación de cláusulas que son abusivas, aún cuando se hayan concertado con otro empresario, como una entidad financiera, nuestros tribunales optan por no aplicar los mismos parámetros que a consumidores y usuarios. No existe una razón de peso contundente que así lo determine, pero esa es la cruda realidad.

En esas circunstancias lo que hay que razonar ante los tribunales y, probar, por supuesto, es la determinación en la infracción de la norma imperativa, al margen de la propia buena fe contenida en el artículo 6.3 del Código Civil.

Se refiere a ella en la doctrina sobre el error vicio en el consentimiento.

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Esta se refiere a que, en síntesis, la prestación de consentimiento no se hubiera producido de haberse tenido toda la información necesaria y conocido la conformación del actuar contrario a la norma imperativa y que, por…

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LA PENA DE INHABILITACION ESPECIAL PARA EMPLEO O CARGO PUBLICO.

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Según la sentencia del Tribunal Supremo de 18 de octubre de 1993, ponente Don José Antonio Martín Pallín, al exponer la extensión del contenido de lo que debe entenderse por pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público manifiesta:

“El sistema punitivo establece una diferenciación esencial entre las penas de inhabilitación absoluta e inhabilitación especial que regula en preceptos distintos y con diferente extensión y contenido. El efecto de la inhabilitación absoluta es prácticamente ilimitado y se extiende a la privación de todos los honores, empleos y cargos públicos que tuviere el penado aunque fueren electivos. Sus efectos expansivos se proyectan sobre la privación del derecho de elegir y ser elegido para cargos públicos durante el tiempo de la condena y termina por abarcar la incapacidad para acceder a los honores, cargos y derechos anteriormente mencionados durante todo el tiempo de la condena.”

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La inhabilitación especial, por tanto, limita sus…

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GRABACIONES Y CONTRATOS EN LA ALGABA

Está claro. Las grabaciones efectuadas por uno de los interlocutores en relación a otro no pueden excluirse del contenido probatorio de un procedimiento. No afectan ni al secreto de las comunicaciones ni al derecho a la intimidad que un participante en una conversación grabe estás siempre que las mismas no contengan un contenido que tenga relación con la intimidad del sujeto que es grabado.
No obstante, la cuestión puede derivar hacia la concreción de la existencia de otros elementos que determinan que exista un hecho delictivo que es conocido a través de la grabación efectuada.
De este modo, la grabación servirá de “noticia criminis” y si, como, por ejemplo, se pudiera acreditar, que en los contratos otorgados por el actual Alcalde en La Algaba, que en los mismos, presuntamente, pudieran concurrir los elementos de la malversación de caudales públicos, el procedimiento debería proseguir hasta su conclusión, finalizando éste, si fuera así, con la condena de quién hubiera actuado despreciando a la ciudadanía al utilizar los fondos presupuestados sin acreditar la mínima existencia de la causa legítima en la que se empleó.
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Desde esta perspectiva lo que debiera esperar esta ciudadanía es una respuesta adecuada a la situación planteada permitiéndose una investigación judicial que no quede bloqueada por una actuación politizada de alguna parte que pueda instrumentar su posición en perjuicio del conocimiento real de lo acaecido. No se puede olvidar que la Diputación Provincial de Sevilla se ha personado en la causa en fechas recientes.
Y es que la decisión de personarse en un procedimiento en el mes de agosto, más allá de poder parecer que es una actuación diligente, reduce su ámbito al desconocimiento de la generalidad a este respecto, que no puede comprobar, porque esta de vacaciones, que existen unos visos de realidad muy contundentes en lo que se investiga.
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LA VERDAD SOBRE EL CASO “FACTURAS FALSAS” DE LA ALGABA. JOSE LUIS VEGA ROMERO ABSUELTO POR MALVERSACION, INTERNO EN PRISION SIN JUSTIFICACION.

Sobre los hechos de los que trata esta entrada, nadie, o casi nadie, diría, ha redactado algo que, realmente, relacione toda la verdad. La persona sobre la cual giran estos tiene nombre y apellidos y se llama José Luis Vega Romero.
El ex-alcalde de La Algaba se encuentra recluido en prision por la increíble razón de que, una vez obtenido el tercer grado, -tras una condena de privación de libertad que, con la ley en la mano, no tendría que haberse producido-, y encontrarse trabajando normalmente, no comunicó al centro que estaba asistiendo a un juicio en calidad de acusado conjuntamente con otros tres concejales.
Esta circunstancia ha motivado que, una vez se encuentra rehaciendo su vida, con trabajo estable y amparado en un ámbito familiar y social adecuado, haya tenido que reingresar en prisión. La realidad es que, además, dicha circunstancia, la existencia del juicio al que asistía, la conocía el centro de internamiento, puesto que la citación a juicio, la había recibido allí mismo.
Sin embargo, a pesar de quedarle menos de tres meses para la extinción de su condena, cumple en noviembre de 2016, se le ha recluido nuevamente con la excusa de que tiene unas causas pendientes por las que la Fiscalía solicita 8 años de Prision.
Y aquí es donde viene el “matiz” por denominarlo de algún forma. José Luis, ha sido absuelto de la petición de condena de Prision en el juicio por el que tenía que acudir en calidad de acusado. No obstante, a pesar de haber sido absuelto, sigue aún en prisión porque con el mes de agosto y la fiscalía nos hemos topado. A juicio del que escribe, no sólo se le tenía que haber absuelto del delito de malversación, sino que también se le tendría que haber absuelto del delito de prevaricación, como así ha sucedido respecto del resto de coacusados.
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No obstante, dicho lo anterior, la situación de José Luis no ha sido realmente reconocida a niveles de difusión a través de la ciudadanía, pues, lo que conoce la inmensa mayoría de la sociedad es que, la persecución que se mantiene contra esta persona, auspiciada por la batalla política ensangrentada enraizada por el partido gobernante en la actualidad en la localidad de La Algaba, conlleva el que se acabe con la vida de esta persona y con la de su familia manteniéndolo internado en Prision durante el máximo tiempo posible.
La cuestión es que, finalmente, tras un juicio duro en el que hubo que demostrar la inocencia de José Luis Vega Romero ante la acusación de facturación falsa y malversación de caudales públicos, lo único que se ha llegado a publicarse en prensa es que se ha producido un condena por prevaricación por la cual se le inhabilita a ser alcalde por un periodo de nueve años, no quedando ni rastro, entonces, del denominado caso “facturas falsas” que tantos ríos de tinta provocó.
A este respecto algunos medios han publicado que se ha condenado al ex-Alcalde por facturas falsas a nueve años de inhabilitación, o que se le ha condenado a inhabilitación por prevaricación, sin pronunciarse sobre la absolución de la condena que por malversación de caudales públicos se le solicitaba por la fiscalía.
Creo que es de justicia que se aclare que, más allá de la inexistencia de algún trámite administrativo, nadie se vio perjudicado con las adjudicaciones llevadas a cabo y que los trabajos realizados fueron comprobados por los técnicos del Ayuntamiento, habiendo procedido el interventor, a pesar de los reparos, a prestar su conformidad al pago de los mismos, así como habiendo acreditado la tesorera que el pago se realizó a conformidad, por lo que ni se malversó caudal público alguno, ni se adoptó una resolución a sabiendas de su injusticia.
Lo más curioso de la cuestión es que, ni de esos reparos, ni de otros en los años sucesivos se elevó informe al Tribunal de Cuentas, ni se aprobó, salvo error u omisión del que escribe, la cuenta general del Ayuntamiento. Y yo me pregunto, ¿Por qué será?